El Golpe de Estado de 1976 no fue una interrupción más al orden democrático.
Tuvo un objetivo mucho más siniestro que simplemente derrocar un Gobierno Constitucional.
Fue el comienzo de un plan integral de mutación regresiva de un país que -hasta entonces con errores y aciertos- se caracterizaba por enarbolar las banderas de la justicia social, la soberanía política y la independencia económica.
Así, se impuso a sangre y fuego un modelo económico y social totalmente opuesto al interés nacional y popular, recurriendo para ello a la más sangrienta represión y a las mayores atrocidades cometidas en materia de violación a los derechos humanos.
Este modelo de exclusión que inició la dictadura y que otros continuaron reproduciendo una vez recuperada la democracia, se basó fundamentalmente en el terrorismo de Estado, el saqueo nacional y en el desarrollo de una herramienta vital para garantizar la dominación: la deuda externa.
Nuestra Justicia de entonces –poco o nada comprometida con la defensa de los derechos de todos los argentinos- permitió la institucionalización de esos males. Luego y, aún hoy podemos verlo, optó por entender que la venda que lleva en los ojos la habilitaba a desconocer las atrocidades cometidas en aquellos años.
A treinta y seis años de aquel día nefasto y con mas de un cuarto de siglo de vida democrática en nuestro haber, resulta incomprensible que la Justicia no haya podido cerrar ese capítulo negro de su historia, juzgando a quienes violaron los derechos humanos durante la dictadura.
Como denunciamos en distintas oportunidades, el retraso en el juzgamiento de los responsables de los delitos de Lesa Humanidad responde en parte a que algunos de los Magistrados que deben juzgar estos crímenes fueron designados por los genocidas que deben enjuiciar, mientras que otros, a pesar de no haber sido nombrados por ellos, comparten la misma ideología elitista, de privilegios para unos pocos, contraria a la Justicia social tan ansiada por la mayoría del pueblo argentino.
Ante esta realidad, los trabajadores judiciales, tenemos la obligación y la oportunidad de recuperar a la justicia como un valor para el efectivo cumplimiento de los derechos humanos y sociales, de democratizarla y transformarla en equitativa, eficiente y proba.
Se trata entonces de seguir bregando por la recuperación del Poder Judicial, con la certeza de que ese es el mejor homenaje que le podemos brindar a nuestros mártires: VERONICA BASCO, WENCESLAO CABALLERO, ALVARO COLOMBO, ENRIQUE DE PEDRO, GUILLERMO DIAZ LESTREM, CARLOS GATTO, CARLOS MALVINO, ALBERTO MAIDANA CASCO, ALICIA MALLEA, ESTEBAN OJEA QUINTANA, IGNACIO OJEA QUINTANA, NELLY ORTIZ DE DIAZ LESTREM, JORGE SANZ, LAURA SERRA, GUSTAVO VARELA, ROBERTO VERA BARROS y JULIA LOZANO BULLRICH presentes ahora y siempre.
